La Diputación elabora un Plan de Aplazamiento de la deuda del Consorcio de Bomberos para garantizar su futuro

El Plan de Aplazamiento y el presupuesto del Consorcio para 2012 serán sometidos a aprobación en una próxima asamblea que tendrá lugar el miércoles de esta semana

Publicado el 21-05-2012

Los miembros de la Junta General del Consorcio Provincial de

Bomberos han conocido hoy de manos de la presidencia y la gerencia de la empresa provincial la situación real de las cuentas y las posibilidades de pago de las deudas existentes.

Los miembros de la Junta General del Consorcio Provincial de Bomberos han conocido hoy de manos de la presidencia y la gerencia de la empresa provincial la situación real de las cuentas y las posibilidades de pago de las deudas existentes.

En este sentido, el vicepresidente primero en la institución, Salvador Fuentes, ha anunciado la puesta en marcha, a partir de su aprobación en la próxima asamblea, de un Plan de Aplazamiento de la deuda que establezca las cantidades a aportar, tanto por la Diputación como por los ayuntamientos consorciados, en los próximos años.

Según Fuentes, una vez aprobados este Plan y el Presupuesto para 2012, “se enviarán a la Junta de Andalucía las cuentas para que se hagan cargo de ellas el tesorero y el interventor de la Diputación”, y partir de ese momento y hasta el 30 de septiembre “hay una propuesta de elaboración de un Plan de Viabilidad con todos los grupos políticos y todos los ayuntamientos que conforman el Consorcio”.

El Plan contempla el pago en cinco años de la deuda acumulada, de tal forma que en 2012 se pagaría un 5% (687.623,93 euros), un 10 % el segundo año (1.054.356,69 euros), un 15 % el tercero (1.405.808,92 euros), el 20 % el cuarto año (1.741.980,62 euros) y el 50 % el último año (3.972.938,26 euros). En total, la deuda acumulada supera los 8,8 millones de euros tras un recargo del 4%.

El presidente del Consorcio Provincial, Manuel Gutiérrez, ha recordado que la deuda acumulada con la Seguridad Social asciende a 8.227.029,56 euros, cifra que comprende un pago inaplazable de 586.763,87 euros a realizar en 2012 y un pago aplazable de 7.640.265,89 euros. Por otro lado, la deuda contraída con la Agencia Tributaria en 2009 y 2010, más las sanciones pertinentes, asciende a 3.515.844,88 euros.

Gutiérrez, ha insistido en que “estamos ante el mejor momento de responsabilidad, podemos seguir garantizando las nóminas y la Seguridad Social hasta septiembre, garantizamos los puestos de trabajo y la cobertura de seguridad para toda la ciudadanía”.

Por otro lado, Juan Carlos Jurado ha informado de otras cuestiones relativas al estado inicial de las cuentas del Consorcio y a las irregularidades detectadas desde su estudio en el mes de marzo.

Estos datos, dados hoy a conocer a todos los miembros de la Junta General, demuestran que “los presupuestos eran fotocopias anuales con deficiencias en la actualización de consumos y costes”. Además, ha proseguido, “no se dotaban adecuadamente las partidas de la Seguridad Social ni se dotaba cantidad alguna para los aplazamientos sobre los pagos acordados”.

Jurado ha continuado informando de otras irregularidades en los presupuestos anuales del Consorcio, como la inexistencia de una dotación para soportar el personal contratado para sustituciones y su cotización (525.000 euros) o la insuficiente dotación para carburante, energía eléctrica, agua y vestuario.

Del mismo modo, los informes demuestren la existencia de mala praxis contable ya que “no existía control o fiscalización de movimientos contables y tampoco procedimientos administrativos contractuales para aprovisionamientos o contratación de obras”.

Para corregir esta situación, ha subrayado el gerente de la empresa provincial, “la solución ha de contemplar forzosamente que el flujo de Tesorería se adecue al ejercicio natural, debiendo los consorciados hacer frente a sus obligaciones durante el ejercicio, y no a año vencido”.

Finalmente, el presidente del Consorcio de Bomberos ha concluido informando de que, además de presentar el Presupuesto de 2012 a los ayuntamientos, se ha dado cuenta de la formalización de las denuncias presentadas ante el Ministerio Fiscal, por la firma de una póliza irregular, las obras del parque de La Carlota y las conductas susceptibles de constituir delito penal; y ante el Tribunal de Cuentas, por las irregularidades contables detectadas.

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